Colombia y Estados Unidos firmaron el viernes 30 de octubre del 2009 un polémico acuerdo que permite por 10 años el acceso a militares estadounidenses a siete bases del país sudamericano para combatir el narcotráfico y el terrorismo, y que enfureció a varios gobiernos de izquierda en la región.
Washington planea utilizar las bases para el aterrizaje, aprovisionamiento y mantenimiento de sus naves que realicen labores de interdicción e inteligencia en Colombia.
El pacto, profundizó las divisiones en Latinoamérica entre los países más cercanos a Estados Unidos, como Colombia y Perú, y sus críticos, liderados por Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez ha denunciado que Washington busca tener una plataforma desde donde invadir a su país.
Actualmente, 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos tienen autorización para permanecer en Colombia apoyando operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista, cifra que se mantendrá con el convenio que entró en vigencia de inmediato.
En representación de Colombia firmaron el canciller Jaime Bermúdez; los ministros de Defensa, Gabriel Silva y del Interior, Fabio Valencia, mientras que por Estados Unidos lo hizo el embajador de Estados Unidos, William Brownfield.
Washington planea utilizar las bases para el aterrizaje, aprovisionamiento y mantenimiento de sus naves que realicen labores de interdicción e inteligencia en Colombia.
El pacto, profundizó las divisiones en Latinoamérica entre los países más cercanos a Estados Unidos, como Colombia y Perú, y sus críticos, liderados por Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez ha denunciado que Washington busca tener una plataforma desde donde invadir a su país.
Actualmente, 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos tienen autorización para permanecer en Colombia apoyando operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista, cifra que se mantendrá con el convenio que entró en vigencia de inmediato.
En representación de Colombia firmaron el canciller Jaime Bermúdez; los ministros de Defensa, Gabriel Silva y del Interior, Fabio Valencia, mientras que por Estados Unidos lo hizo el embajador de Estados Unidos, William Brownfield.
"Nosotros no vamos a ver un despliegue de gente ni de naves superior al que ya existe, lo importante es que se establecen los mecanismos de cooperación técnica militar mucho más eficaces, es una profundización de lo que ya existe", dijo Bermúdez.
Frente a las críticas de Gobiernos como Venezuela, Bolivia y Nicaragua el canciller dijo que Colombia está abierta a suscribir acuerdos con todos los países de la región.
"No estamos trayendo soldados norteamericanos para combatir en Colombia. Aquí existe el interés de derrotar el terrorismo y el narcotráfico y al mismo tiempo de tener las mejores relaciones con todos los países del continente", afirmó.
Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados en esa ilícita actividad y desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de 6.000 millones de dólares.
Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, ignoró la recomendación de un alto tribunal que sugirió someter el convenio a la aprobación del Congreso y un control de legalidad de la Corte Constitucional.
Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, ignoró la recomendación de un alto tribunal que sugirió someter el convenio a la aprobación del Congreso y un control de legalidad de la Corte Constitucional.
Argumento de colombia
El argumento del Gobierno es que no se trata de un acuerdo internacional sino uno que desarrolla obligaciones contenidas en tratados bilaterales y multilaterales suscritos previamente por Colombia que fueron aprobados por el Congreso y revisados por la Corte Constitucional en su momento.
Adicionalmente, el Gobierno asegura que el acuerdo no implica el tránsito de tropas, toda vez que no afecta la neutralidad del Estado colombiano y no contempla el paso de personal militar con finalidad ofensiva contra otras naciones.
El acuerdo militar se firmó después de que el Gobierno de Washington entregó la base de Manta, en Ecuador, desde donde desplegaba operaciones contra el narcotráfico en una amplia zona del Pacífico y cuyo permiso de utilización no fue renovado por la administración del presidente Rafael Correa.
Chávez, el más fuerte crítico de Estados Unidos en la región, ordenó llevar a cero el comercio con Colombia de más de 7.000 millones de dólares anuales, en medio de una crisis diplomática que surgió con la decisión de Bogotá de autorizar a Estados Unidos el uso de bases militares en su territorio.
El mandatario venezolano denunció que desde Colombia Estados Unidos pretende poner en marcha un plan para invadir su país y bloquear su revolución bolivariana que impulsa a favor de los más pobres.
Pero Uribe, el más importante aliado de Estados Unidos en América Latina, sostiene que el acuerdo militar con Washington es para combatir el narcotráfico, el terrorismo y no autoriza la agresión desde Colombia a terceros países
"El alcance de este acuerdo es exclusivamente el territorio colombiano, Colombia es un país que ha sufrido mucho en exceso el narcotráfico, por el terrorismo y necesitamos buscar mecanismos eficaces para acabarlos de manera definitiva", explicó el canciller.
Pero el candidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, dijo que el tratado no tiene validez jurídica porque no fue sometido a la aprobación del Congreso y anunció que si llega al poder lo desconocerá.
"Uribe lo firmó porque está supeditado completamente a la estrategia geopolítica de la extrema derecha norteamericana", afirmó a Reuters.
Pero el candidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, dijo que el tratado no tiene validez jurídica porque no fue sometido a la aprobación del Congreso y anunció que si llega al poder lo desconocerá.
"Uribe lo firmó porque está supeditado completamente a la estrategia geopolítica de la extrema derecha norteamericana", afirmó a Reuters.
Agradecimientos a Luis Jaime Acosta
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